Violencia y arbitrariedad Estatal sin límites contra los más vulnerables

Ministerio del Interior y Policía Nacional desalojan a la Comunidad Indígena Ka’a Poty, violando la resolución judicial vigente que protege sus derechos territoriales

● En la mañana del 4 de noviembre de 2021 la Policía Nacional se encuentra en Itakyry, operativizando un nuevo desalojo contra la Comunidad Indígena Ka´a Poty, perteneciente al Pueblo Ava Guaraní.

● Esta comunidad había sido desalojada de forma ilegal y criminal el 15 de junio de este año, pese a contar con título de propiedad y estar en trámite un Juicio de Reivindicación de Inmueble, promovido por el INDI en enero de 2021, contra particulares y empresas con títulos superpuestos sobre las 1.364 hectáreas adquiridas por el Estado en 1996 para asegurar territorio indígena. El desalojo fue promovido por la ex fiscal de marcas de CDE Liz Carolina Alfonzo, quien detenta un título irregular sobre 7 hectáreas de tierras destinadas a la reforma agraria, sin ser sujeto de la misma.

● En el desalojo forzoso perpetrado contra la Comunidad Indígena Ka’a Poty se quemaron todas las viviendas y cultivos de las familias, se destruyó la escuela comunitaria reconocida oficialmente por el MEC, así como el templo comunitario. Fueron robadas todas las pertenencias de las familias indígenas, así como los muebles de la escuela. Las autoridades policiales impidieron incluso que las familias pudieran llevar los que el INDI les había hecho llegar una semana antes por el contexto de pandemia, quedándose con los mismos y con la merienda escolar de los niños y las niñas indígenas. Las familias de la comunidad fueron obligadas a caminar un kilómetro y medio, escoltadas por carros hidrates, hasta orillas del río Acaray. Allí fueron abandonadas, a la intemperie, sin asistencia estatal alguna, ya que el desalojo se efectuó sin la presencia de representantes de instituciones que debían haber sido notificadas, como el INDI, la Codeni de Itakyry, la Defensoría del Pueblo. Debieron pasar allí la noche con frío de 8 grados, y a consecuencia de lo sufrido, una mujer embarazada perdió a su bebé unos días después y un niño que tenía 15 días de nacido enfermó gravemente de neumonía, debiendo ser hospitalizado por dos semanas.

● Tras su desplazamiento forzado hasta Asunción, luego de dos meses permaneciendo en carpas en la Plaza de Armas, la Comunidad Ka’a Poty retornó a Itakyry, al lograr una restitución provisoria de tierras por resolución judicial emitida el 30 de julio y cumplida el 17 de agosto de 2021. El Auto Interlocutorio N° 258 dictado por la Magistrada del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Cuarto Turno de la Capital, admitió una Medida Cautelar de Urgencia a favor de la Comunidad Indígena Ka’a Poty, solicitada por el Instituto Paraguayo del Indígena, tras el desalojo forzoso ilegal.

Parte del Auto Interlocutorio N° 258 resolvió: “Admitir la medida cautelar de urgencia de otorgamiento de forma provisional de una porción de QUINIENTOS CUARENTA HECTÁREAS Y QUINIENTOS VEINTISIETE METROS CUADRADOS (540 ha., 527 m2), del inmueble individualizado como Finca N° 1.628 del Distrito de Itakyry, del Departamento de Alto Paraná, lugar denominado Colonia Tape Yke, solicitada por el INSTITUTO NACIONAL DEL INDÍGENA (INDI), a favor de la comunidad denominada KA´A POTY, de conformidad a los argumentos y al plano que se adjunta como anexo instrumental a esta resolución […]”.

Esta resolución judicial emitida en el Juicio de Reivindicación –que constituye el juicio principal en curso en el que se discute la propiedad de las tierras en litigio– se encuentra plenamente vigente.

● Desde el mes de septiembre, la Comunidad se encontraba bajo amenaza de un nuevo desalojo, pues dos particulares buscaban ejecutar dos resoluciones judiciales y dos mandamientos de desahucio, emitidos todos en fecha 2 junio de 2021, en dos interdictos de recobrar la posesión que no fueron siquiera tramitados. Dichas resoluciones y mandamientos fueron dictados por Emylce Ana Giménez González, la misma jueza que ordenó el desalojo ilegal de la comunidad. Además, es la misma jueza que dictó medidas de urgencia en amparos para impedir la ejecución de la resolución judicial de restitución emitida a favor de la comunidad indígena, todo violando las normas constitucionales y legales vigentes.

● Los mandamientos judiciales del 2 de junio se encuentran perimidos pues son anteriores al desalojo y la posterior restitución de la comunidad indígena, y no podían en ninguna circunstancia prevalecer sobre el Auto Interlocutorio N° 258 vigente. Las apelaciones de dichas resoluciones se encuentran en trámite ante la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este y el INDI había solicitado su levantamiento al Juzgado de Primera Instancia de Itakyry.

● En el día de ayer, miércoles 3 de noviembre, la lideresa de la Comunidad Ka’a Poty Marta Díaz se reunió en Asunción con el Comisario General Inspector y Director de Prevención y Seguridad de la Comandancia de la Policía Nacional, Carlos Cáceres Ramírez, quién le aseguró que no había ningún procedimiento de desalojo en curso contra la comunidad. Posteriormente, la lideresa se reunión con el Presidente del INDI, Edgar Olmedo, quien también le garantizó que se llegó a un acuerdo entre las instituciones del Poder Ejecutivo y representantes de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado, de resguardar los derechos de la comunidad indígena y avanzar con urgencia en la mensura judicial de las tierras en conflicto, para aclarar la propiedad de las mismas.

● Sin embargo, ya por la noche, el Comisario General Carlos Benítez, Director de la Policía de Alto Paraná, anunció a la lideresa que realizarían un operativo a la mañana siguiente, con 150 efectivos policiales. Este operativo se está ejecutando en la mañana del 4 de noviembre, sin presencia de ningún funcionario del INDI, ni de la Defensoría del Pueblo, ni de la CODENI.

● El Ministerio del Interior ha hecho pública un “Acta de compromiso”, firmada en el día de ayer 3 de noviembre, entre el Ministro Arnaldo Giuzzio y la ex fiscal Liz Carolina Alfonzo, la abogada Michelle Bettancourt y otros de los accionantes contra la Comunidad Indígena, en la cual estos últimos “se comprometen a permitir la realización de las mensuras en sus propiedades […] y manifiestan que existe un inmueble de 313 hectáreas en el Distrito de Mariscal López, departamento de Caaguazú, donde podrían reubicarse los indígenas interín se sustancia el juicio de mensura”.

● Este fue el planteamiento de la Policía a la Comunidad Indígena, a sabiendas de que dichas 313 hectáreas se encuentran bajo el poder de empresas.

● En el segundo desalojo forzoso que se está cometiendo contra la Comunidad Indígena Ka’a Poty se la está privando nuevamente de los medios de vida que había logrado reconstruir: las viviendas, los dos pozos de agua cavados por la comunidad para acceder a agua potable, los cultivos. Decenas de familias indígenas quedan en la calle otra vez con sus animales.

● El Gobierno Nacional ha violado todo el ordenamiento legal, incluyendo una resolución judicial de protección de los derechos territoriales de la Comunidad Indígena Ka’a Poty que se encuentra en plena vigencia.

● Las violaciones de derechos fundamentales que se están cometiendo contra esta comunidad indígena son absolutamente extremas, todo lo cual es una expresión de la falta total de garantías de justicia de los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en el Paraguay.

Comunidad Ka'a Poty | kaapotyresiste@gmail.com

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